Socialismo Internacional

Periódico de la Organización Socialista Internacional

La Directiva retorno, la crisis económica y las políticas racistas

Posted by Socialismo Internacional en julio 14, 2008

Los inmigrantes en Europa enfrentan medidas cada vez más duras

Los inmigrantes en Europa enfrentan medidas cada vez más duras

La Hiedra

Los veintisiete gobiernos que forman la UE acaban de pactar un durísimo proyecto de “directiva de retorno”, cuyo texto se votará en el Parlamento Europeo en los próximos meses. Con la excusa de unificar las políticas de expulsión y de acabar con situaciones como la retención indefinida –que aplican países como Holanda o Reino Unido- la directiva en realidad representa una peligrosa aproximación a las posturas más conservadoras, suponiendo un endurecimiento de las leyes migratorias, así como una drástica reducción de las garantías legales.

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A día de hoy nos encontramos ante una nueva ofensiva por parte de los gobiernos que se autoproclaman democráticos contra los derechos de los inmigrantes.

El panorama a nivel europeo es, como mínimo, poco alentador: los veintisiete gobiernos que forman la UE acaban de pactar un durísimo proyecto de “directiva de retorno”, cuyo texto se votará en el Parlamento Europeo en los próximos meses. Con la excusa de unificar las políticas de expulsión y de acabar con situaciones como la retención indefinida –que aplican países como Holanda o Reino Unido- la directiva en realidad representa una peligrosa aproximación a las posturas más conservadoras, suponiendo un endurecimiento de las leyes migratorias, así como una drástica reducción de las garantías legales.

La ofensiva gubernamental de los últimos años es evidente si comparamos esta propuesta con la presentada en el 2005 por la Comisión Europea. Mientras que la segunda establecía un límite máximo de seis meses en la detención de los inmigrantes en proceso de expulsión, exigiendo una revisión judicial mensual, la propuesta actual eleva la detención hasta 18 meses, así como la prohibición de retorno a los expulsados durante cinco años. Otro ejemplo: si el borrador del 2005 exigía como regla general una orden judicial previa a la detención, ahora se admite como vía ordinaria la administrativa, sin fijarse ningún límite temporal para la confirmación judicial. Una tercera diferencia es que el proyecto actual autoriza el internamiento de menores no acompañados, aspecto que no se contemplaba en la anterior.

Ya lo hemos apuntado al principio: se trata de un nuevo recorte de derechos, imposible de analizar sin tener en cuenta la amenaza de una crisis económica que cobra cada vez más fuerza. Centrémonos, por ejemplo, en el Estado español: la ley de extranjería aprobada hace ya varios años no respondía a la buena voluntad de los agentes políticos, sino a la presión ejercida por la patronal, que en una situación económica muy favorable para ellos, necesitaban mano de obra barata en ciertos sectores, como la construcción o el turismo.

El objetivo de estas leyes, lejos de otorgar unos derechos que de por sí son intrínsecos a las propias personas, es subordinar las políticas migratorias a las necesidades del mercado laboral. ¿Qué sucede, entonces, cuando nos encontramos ante una crisis económica? ¿Qué sucede cuando todos esos trabajadores “importados” durante las vacas gordas, se convierten en mano de obra sobrante y sospechosa de provocar conflictividad social? La solución que ofrecen los gobiernos y la patronal es sencilla: endurecer la política migratoria con el fin de expulsar del país a gran parte de la mano de obra excedente, es decir, a muchos miles de inmigrantes.

Hace falta, sin embargo, profundizar todavía más en esta cuestión. Los efectos de la crisis económica recaerán principalmente sobre la clase trabajadora. Es ella quien deberá hacer frente a los despidos y la precariedad. Es por todo ello que los políticos y los medios burgueses se encargan de difundir una imagen y unas ideas que fomentan la xenofobia, de manera que la explotación del inmigrante resulte todavía más fácil. También los propios inmigrantes, quienes sufrirán de manera más acusada el impacto de la crisis, así como la exclusión en materia de derechos sociales y políticos, recelan de los trabajadores nativos.

Es evidente, pues, que frente a la crisis hace falta organizar una respuesta unitaria por parte de la clase trabajadora; unidad que urge más que nunca puesto que, al tiempo que los despidos se disparan, asistimos al redoblamiento del discurso de la división entre trabajadores inmigrantes y nativos. Es por ello que hace falta defender la política de papeles para todos, es decir, de derechos para todos. Sólo de esta forma conseguiremos romper la división entre los trabajadores.

Este artículo fue publicado originalmente en La Hiedra, revista mensual del grupo español En Lucha.

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