Maravilla: Confirmación de una denuncia histórica

Las vistas legislativas destaparon gran parte de la verdad

Perla Franco / Claridad

Hace 30 años el asesinato de los jóvenes independentistas Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví abrió la puerta para confirmar lo que el movimiento independentista venía denunciando por años: la persecución por razones políticas es una realidad que el estado utiliza en distintos momentos contra los que luchan por la independencia para Puerto Rico. La década de los años 70 fue uno de esos momentos.

Las estructuras policíacas bajo el control de un gobierno anexionista y recalcitrante con el propósito de eliminar cualquier obstáculo hacia la estadidad para Puerto Rico, tuvieron a bien fomentar uno de los odios más grandes contra quienes añoraban una patria independiente. El entonces gobernador Carlos Romero Barceló, manifestó aquel 25 de julio de 1978 su sentimiento de repulsa hacia los independentistas. Ese día, en los actos de conmemoración de la Constitución del Estado Libre Asociado, Romero interrumpió su discurso para informar al país que se había conjurado un alegado ataque terrorista con intenciones de volar las torres de la televisora Rikavisión en el Cerro Maravilla en Villalba. Que dos subversivos jóvenes independentistas fueron los protagonistas de tal acto, pero que gracias a agentes policíacos en el lugar se les había dado muerte a ambos. Inmediatamente elogió a los agentes y los proclamó “héroes”.

Ése fue el comienzo del encubrimiento de la verdad de aquel fatídico suceso. Y ése fue el error de Romero Barceló. Entonces, con el poder en sus manos, no se podía imaginar que esa versión, que pasó a ser la oficial defendida por su gobierno, los altos, intermedios y rasos mandos de la Policía de Puerto Rico, su Departamento de Justicia (DJ) y hasta las instancias del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, terminaría hecha añicos pocos años después.

La versión detallada de la Policía de los hechos, luego de las que dio Romero Barceló, era que cinco agentes – José Ríos Polanco, William Colón Berríos, Luis Reverón Martínez, Juan Bruno Morales y Rafael Torres Marrero– fueron asignados a atender una confidencia de supuestos ataques terroristas a las torres en Maravilla. Que los agentes habían estado escondidos en el lugar cuando Darío Rosado y Soto Arriví llegaron y se bajaron del auto con otro joven de nombre Alejandro González Malavé, que resultó ser agente encubierto, y con el chofer del carro público que fue secuestrado para llevarlos al lugar, Julio Ortíz Molina. Que uno de esos agentes, Colón Berríos, al verlos fuera del auto les dio un alto y se identificó como Policía. Aseguró que recibió como respuesta un disparo de Soto Arriví, lo que dijo había resultado en el inicio de múltiples disparos en los que resultó muerto Darío Rosado y herido González Malavé en su dedo meñique. Que ambos habían sido llevados al hospital.

Esa versión fue la que prevaleció en dos investigaciones federales y otras dos que llevó a cabo el DJ de Puerto Rico. Pero, cinco años después, una primera investigación legislativa iniciada por el Senado de Puerto Rico, entonces en manos del Partido Popular y cuyo presidente era Miguel Hernández Agosto, comenzó a destapar lo que verdaderamente ocurrió en Maravilla.

Desde bien temprano, el testimonio del chofer de carro público, don Julio Ortiz Molina, sirvió de base. Éste aseguraba que la versión policiaca no era cierta. Poco a poco fue dando más detalles. Que hubo dos ráfagas de disparos y que los jóvenes no habían sido heridos en la primera, sino en la segunda ráfaga luego de que se rindieron. Que en medio del tiroteo uno de los jóvenes le había gritado a los agentes que Ortiz Molina no tenía nada que ver con ellos. Fue así como el oficial de la Policía Jesús Quiñones Quiñones, de vigilancia en el lugar, alejó a Ortiz Molina del tiroteo. Estando con Quiñones fue que escuchó la segunda ráfaga de disparos. Ortíz Molina aseguró, además, que los agentes en el lugar eran mucho más de cinco.

La verdad de lo que les sucedió a los jóvenes independentistas se vino a conocer y corroborar en la primera ronda de vistas senatoriales dirigidas por el investigador Héctor Rivera Cruz y en otra investigación posterior, que estuvo a cargo de Edgardo Pérez Viera, que siguió corroborando mentiras y destapando verdades. Esas vistas fueron televisadas, prácticamente paralizando el país. Testigo tras testigo iba corroborando asuntos trascendentales. Se supo que el agente encubierto González Malavé fue el instigador para cometer el acto terrorista que alegadamente se planificaba para Maravilla así como otros incidentes que luego se les achacaron a independentistas. Se conoció que González Malavé contaba con la anuencia de altos mandos de la Policía; que se mantuvo informando al Gobernador; y cómo ese suceso dentro de una cadena de otros que fueron en escalada hasta llegar al asesinato de Darío Rosado y Soto Arriví, ayudaban a las ansias de Romero Barceló de dar un escarmiento a los independentistas para sacar ventaja política y adelantar sus planes de estadidad. Una serie de noticias y declaraciones públicas del gobierno sobre amenazas a la democracia a través de supuestos actos terroristas antecedieron a los sucesos de Maravilla. Una intensa campaña antiindependentista sirvió de marco a otra ofensiva para criminalizar a todo aquel que luchara por la independencia. Y así las cosas, a la larga, nada resultó casualidad. Todo encajó en el esquema represivo que históricamente ha condenado, perseguido y discriminado al independentismo. Maravilla fue la prueba que lo demostró.

Se supo además que fueron al menos 20 los agentes destacados en el lugar, algunos de alto rango. Que el alto mando de la Policía monitoreó el operativo. Que los jóvenes fueron seguidos todo el tiempo camino a Maravilla por agentes de inteligencia que no hicieron nada para impedir que llegaran al lugar. Que los supuestos artefactos para la alegada explosión de las torres eran dos pistolas y una caja de fósforos. Que Soto Arriví y a Darío Rosado fueron asesinados mientras estaban de rodillas y cuando ya se habían rendido. Que les dieron golpes y les escupieron luego de asesinarlos. Que se realizaron investigaciones deficientes por las agencias concernientes. Que hubo intención de impedir obtener documentos que esclarecieran lo sucedido. Que la Policía presionó a testigos para que mintieran e hicieran declaraciones falsas. Que la carrera delictiva de González Malavé era amplia y en ascenso y que había comenzado desde sus 16 años cuando fue reclutado como confidente de la Policía.

Desde muy temprano a los hechos, el entonces Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) en voz de su secretario general, Juan Mari Brás y su presidente, Carlos Gallisá, hicieron denuncias, incluyendo en escritos en CLARIDAD, en los que calificaron como asesinatos las muertes de los jóvenes e impugnaron las versiones oficiales, revelando que González Malavé estuvo infiltrado en el PSP. Los dirigentes Socialistas también revelaron nuevas verdades amapuchadas hasta entonces. Entre ellas, por ejemplo, que existía una grabación que testimoniaba cómo Romero Barceló se había comunicado en varias ocasiones con el fiscal federal que atendía el Gran Jurado que investigaba los sucesos de Maravilla, para tratar de impedir que continuara esa investigación.

Tras negar repetidamente Romero Barceló esa denuncia, no sólo se corroboró sino que el fiscal fue removido de su puesto y enviado a Nueva York. Igualmente ocurrió con la denuncia de que lo que acontecería en Maravilla era conocido o hasta planificado con el conocimiento de Romero Barceló hasta cinco días antes de los sucesos. Luego se corroboró, aún cuando Romero Barceló insistentemente lo negaba, que para esas fechas hubo reuniones en Fortaleza con los altos mandos de la Policía. Igualmente el PSP denunció que un grupo de veteranos de Vietnam afiliados al Partido Nuevo Progresista intentaba dar muerte a González Malavé para achacar el asesinato a los independentistas como represalia por los asesinatos de Soto Arriví y Darío Rosado.

Después de 30 años de los hechos de Maravilla, pareciera que ninguno de los participantes directos de aquellos atroces asesinatos está verdaderamente arrepentido. Los que han hablado insisten que cumplían con su deber y preferirían que el tema se borre de la historia. Pero ya no es posible. Existe un pueblo que cada año recuerda los viles asesinatos, a Darío Rosado muerto de un tiro en el pecho mientras estaba de rodillas, y a Soto Arriví, a quien le propinaron con un revólver Magnum 357 un primer disparo en la rodilla, otro en el codo y el último en el pecho. Las imágenes de los cadáveres destrozados de los dos jóvenes, -con la evidencia de los disparos– que se vieron en las vistas legislativas, siguen presentes en la memoria colectiva de todo el país, más allá del independentismo. Como también sigue presente el compromiso de cada vez más personas de peregrinar cada 25 de julio a las dos cruces simbólicas en Villalba que permanecen como homenaje a Darío Rosado y Soto Arriví y testimonio de que este pueblo no olvida.

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