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Periódico de la Organización Socialista Internacional

PPD se quita la máscara

Posted by Socialismo Internacional en noviembre 10, 2012

Los ex gobernadores populares Rafael Hernández Colón y Sila María Calderón

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En sus primeros 100 días, el gobierno de Sila M. Calderón incumplió las promesas de cambio de su gobierno en el 2000. Reproducimos el editorial de Socialismo Internacional de abril de 2001, nuestro primer balance del gobierno de Sila Calderón.

Abril de 2001 – #26

Pasados los primeros 100 días del nuevo gobierno las promesas del PPD no se han materializado.  Miles de personas votaron por Sila Calderón entendiendo que el PPD rompería con las políticas anti obreras del PNP y Pedro Rosselló.  Por el contrario, el PPD ha retomado muchos de los proyectos iniciados por la pasada administración. En lugar de perfilarse como un gobierno de cambio, la administración de Calderón, representa la continuidad de la ofensiva patronal contra la mayoría trabajadora.

Ley 45

Uno de los primeros nombramientos de Calderón, el Secretario del Trabajo, Víctor Rivera, lo primero que anunció a la prensa fue la intensión de la administración de revisar la Ley de Sindicación para los Empleados Públicos (Ley 45) pero haciendo claro que no permitiría el derecho a la huelga.  Sin el derecho a la huelga los trabajadores quedan desarmados y reducidos a suplicar en lugar de demandar los derechos que merecen. Las revisiones a la Ley 45 que el PPD ha propuesto son mínimas y dejan intactas la peores disposiciones de esta ley antiobrera, que le da al gobierno la facultad de criminalizar, multar y desertificar a los sindicatos que se vayan a la huelga o que establezcan vínculos de solidaridad con otras uniones.

Recientemente la gobernadora Calderón nombró una comisión para que estudie posibles enmiendas a la Ley de Sindicación dejando fuera de la comisión a Luis Pedraza Leduc, presidente del Comité Amplio de Organizaciones Sociales y Sindicales CAOSS, quien se ha distinguido por su oposición a la Ley 45.

En su lugar nombró a sindicalistas conservadores que ya han expresado su disposición a apoyar la Ley 45 sin derecho a huelga como José Rodríguez Báez, presidente de la Federación del Trabajo y  Federico Torres Montalvo, secretario ejecutivo de Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT).  Las promesas de un ‘gobierno de unidad y consenso’ se van develando como las mentiras politiqueras de siempre.  El PPD como un partido de los ricos está tratando de salvaguardar las medidas anti-obreras que benefician a los patronos como clase.

Vieques

La gobernadora Sila Calderón prometió sacar la policía de Vieques.  La prensa y los políticos luego redujeron esa promesa a sacar solamente a la Fuerza de Choque, lo que Calderón tardó dos meses en hacer, solo para reemplazarlos con un número mayor de policías estatales.  Antes la Fuerza de Choque se limitaba a defender el portón de Camp García de tal modo que quedaban impotentes cuando los activistas iban a cortar la verja ante la vista de todos. Ahora Sila ha aumentado el número de agentes para que vigilen la verja, complaciendo así las demandas de protección que le ha hecho la Marina.

Calderón ha conducido una política de no confrontación con la Marina y el gobierno estadounidense.  Detuvo una medida de los legisladores del PPD para detener el referéndum impulsado por la Marina.  Al asumir el cargo prometió la presentación de legislación contra el ruido causado por los bombardeos lo que probablemente no sea suficiente para detener las practicas por ‘razones de seguridad nacional’.  Pero lo peor de todo es que Calderón ha utilizado su liderato para prevenir que los sectores anti-Marina  continúen su militancia en las calles.

Al presentar su iniciativa de los Cabilderos del Pueblo convenció a importantes sectores de poner sus energías para cabildear en Washington en lugar de movilizar a las bases en Puerto Rico. Han sido las movilizaciones de miles de personas por casi dos años las que han causado las cancelaciones de los bombardeos.  Es deshonesto pretender que el cabildeo por si solo fue la causa de la cancelación de los ejercicios a principios de año.

El liderato popular, (que mantiene que el problema colonial de Puerto Rico fue resuelto con la Constitución de 1952,) quiere oponerse a la presencia de la Marina en Vieques sin oponerse a la utilización del resto de la Isla por las Fuerzas Armadas y sin cuestionar la naturaleza de las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Para ello se han negado a confrontar a la Marina con la severidad que sus crímenes de genocidio, guerras imperialistas y destrucción ambiental merecen. Han invitado al Almirante Green a las ceremonias de Estado, desde la inauguración de Calderón, (en la que invitaron a todos los jefes de Estado latinoamericanos con la excepción de Fidel Castro,) hasta a su mensaje frente a la Legislatura. Green por su cuenta ha sido más consecuente y se negó a asistir a las vistas legislativas sobre el proyecto para regular el sonido. La delegación del PPD finalmente presentó la legislación contra el ruido haciendo claro que “esta no es una Legislatura anti-Marina, sino pro-Vieques”.

Zar de las Drogas

La administración PPD había prometido encontrar una alternativa a la Mano Dura entendiendo que las políticas represivas no habían logrado su cometido. Sin embargo, la creación de una Oficina del Zar Anti-Drogas es claramente una medida de Mano Dura, que ha fracasado en Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas.  Esa medida le da inmensos poderes a una oficina con mentalidad policial para controlar los presupuestos de agencias de servicios humanos como el Departamento de Vivienda y el Departamento de la Familia.

La satisfacción de las necesidades de los pobres no deben estar condicionadas al cumplimiento de las leyes.  Si ya son desastrosos los efectos de la ley que expulsa de los residenciales públicos a toda una familia por la ‘falta’ relacionada a drogas de un solo miembro, qué podemos esperar de la subordinación de las agencias de servicios básicos a un esquema represivo y policial.

Más ofensivo fue la selección de Calderón para dirigir esa oficina, una selección que testimonia las prioridades opresivas de una administración que se oculta tras el ‘consenso’ y la ‘puertorriqueñidad’ pero que representa la intolerancia, la represión, los métodos ilegales y la impunidad de los cuales el PPD fue pionero y el PNP fue discípulo.  El nominado coronel Jorge Collazo, graduado de la infame Escuela de las Américas, hizo una carrera en perseguir y destruir nacionalistas y socialistas, fue planificador de los asesinatos del Cerro Maravilla  y ha sido persona fuerte de la inteligencia estadounidense en Puerto Rico.  Al pretender nombrarlo a él o al general McCraffrey como asesor, Sila Calderón está efectivamente poniendo a disposición del gobierno federal esa tan importante plaza del gobierno.

Desde el final de la guerra fría, el imperativo de luchar contra las drogas ha servido como en Colombia, como la principal legitimación para reprimir los movimientos de oposición.  Así lo hizo también, la pasada contralora Ileana Colón Carlo, cuando insistió en que oponerse al nombramiento de Collazo significaba apoyar el narcotráfico.

Economía

En su campaña Sila Calderón prometió crear una economía fuerte, algo que ningún gobernante puede garantizar ya que las economías capitalistas sufren de altas y bajas crónicas. Según el Proyecto Puertorriqueño para el Siglo 21:  “Queremos una economía… que fomente la creación de más y mejores empleos; que permita que cada puertorriqueño pueda ganarse su sustento con verdadera dignidad.” Igualmente en el documento, Transición de Gobierno, Calderón promete:  “Yo me propongo desarrollar una nueva economía que brinde más empleos y mayores oportunidades de progreso a nuestros compatriotas.”

Ante la recesión en la manufactura y la desaceleración de la economía en general, Calderón sólo ha podido ofrecer sus simpatías, visitas de relaciones públicas a los trabajadores cesanteados, abrazos y besos, pero no puede ofrecer soluciones concretas de ninguna envergadura. La impotencia gubernamental es testimonio de un hecho trascendental, en nuestra sociedad gran parte de las decisiones fundamentales que afectan la vida de miles de trabajadores, se toman a puertas cerradas por patrones privados que sólo interesan maximizar  ganancias.

Beneficencia

Por otro lado Calderón intenta adaptarse a las medidas conservadoras impulsadas en Estados Unidos por demócratas y republicanos por igual, para desmantelar los programas de beneficencia pública.  El pasado presidente Clinton prometió “terminar con la beneficencia tal y como la conocemos” y el presente presidente ilegítimo George W. Bush va por el mismo camino.

El PPD está tratando de adaptarse a esas políticas hablando de “autosuficiencia” en medio de la perdida de miles de empleos y en un país donde el 60% de la población vive en la pobreza.

Antonio Luis Ferré, de El Nuevo Día se ha unido al coro de voces de la clase patronal que festejan los cortes a la beneficencia sin considerar los efectos desastrosos que esto tendrá para l@s trabajador@s.  Según Ferré: “Fue muy acertado de parte de Calderón abordar el tema económico al amparo de que los puertorriqueños desean ganarse el pan con el sudor de su frente, para eliminar el estigma de algunos funcionarios federales de que nuestra economía está basada en el ‘mantengo corporativo’-como dijo Mitch Daniels, jefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto- y en la dependencia de programas de beneficencia social.”

Federación de Maestros

Finalmente debemos señalar el significado que tiene que el gobierno haya cancelado el Plan de Salud de la Federación de Maestros de Puerto Rico una vez esa institución había conseguido el dinero para solucionar su menoscabo.

Otros planes privados están ahora mismo en peor estado financiero y no han sido cancelados.

Se trata de un sucio golpe patronal contra uno de los sindicatos más importantes y combativos del país.  También es un intento de salvar de la  decadencia a la Asociación de Maestros que ha sido históricamente un instrumento controlado por el PPD para fomentar paz laboral entre los maestros.

El gobierno de la empresaria, Sila Calderón, y del partido patronal que ella dirige, no tiene nada que ofrecerle a los obreros que no sea la continuación de la explotación de los pobres por los ricos.  La clase trabajadora debe organizarse independientemente de los partidos de los ricos para poder luchar efectivamente por sus derechos.

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