Socialismo Internacional

Periódico de la Organización Socialista Internacional

La pena de muerte no es una solución

Posted by Socialismo Internacional en febrero 10, 2013

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El caso de Troy Davis indignó a muchos a nivel internacional.

La última vez que alguien fue condenado a la pena capital en nuestra isla fue en el 1927.  En el 1929 se abolió la pena de muerte en Puerto Rico y hasta el día de hoy nadie más ha vuelto a morir a causa de la pena capital.

Pero no ha sido por falta de intentos por parte del estado y su aparato judicial. Al menos 4 casos se han enfrentado a que les aplique la pena capital. En todos los casos el jurado no ha logrado unanimidad y por esto no se ha aplicado la pena máxima. En el caso de Edison Burgos 11 de los 12 jurados votaron a favor de la pena de muerte, solo uno voto en contra.

Ahora hay dos casos nuevos y la fiscalía federal continua organizándose para lograr de una vez aplicar la pena de muerte en Puerto Rico por la vía federal. Alma Torres recuerda porque la pena de muerte no es la solución y argumenta lo que hace falta para detener estos intentos de imponerla.   

El caso de Alexis Candelario Santana es acusado por ser el autor principal detrás de la masacre de “La Tómbola”, así se le conocía a un bar del pueblo de Toa Baja en donde murieron 19 personas a causa de un tiroteo. En el 2009 Candelario fue arrestado y llevado ante un Gran Jurado en donde se le encontró culpable de varios cargos criminales. Los próximos 3 años la fiscalía concentró sus energías en solicitar la pena de muerte ante el Comité de Pena de Muerte del Departamento de Justicia Federal. En julio del año pasado se el comité certificó el caso de Candelario como uno de pena de muerte.

El 9 de enero de este año comenzó la búsqueda del jurado para este nuevo juicio. La fiscalía se ha organizado de tal forma que casi garantice que le pueda aplicar la pena máxima a Candelario. En prensa se ha publicado que 14 de los 19 candidatos para formar parte del jurado favorecen la pena capital.

Por otro lado está el caso de Lashaun Casey, acusado de carjacking y del asesinato de un agente encubierto.  Es evidente que los intentos por parte de la fiscalía federal de aplicar la pena de muerte en Puerto Rico no se van a detener.

La pena de muerte no es igual a justicia

La pena de muerte se presenta como un disuasivo del crimen y de la violencia pero en la practica fomenta lo contrario. El sistema de justicia trata de hacer ver que se está haciendo justicia cuando en realidad la gravedad del crimen lo decide el estado y es el estado quien pasa factura y asesina a conveniencia. La pena de muerte ha probado ser racista y muchas veces clasista. En cientos de casos los enjuiciados ni siquiera han sido hallados culpables sin lugar a duda.

El año pasado en Estados Unidos, cuya política y decisiones nos afectan directamente por ser una colonia de este país, murieron 43 personas condenadas a la pena capital. Aunque el número parece alto es una de las cifras más bajas en la historia, desde que este país tiene la pena de muerte. Varios estados han abolido por completo el uso de la pena capital. La razón principal de esto es las movilizaciones y la lucha que han dado diferentes sectores en contra de la pena de muerte. No ha sido que los gobiernos desde arriba han implementado estos cambios, ha sido la presión que ejerció casos como por ejemplo Troy Davis y Mumia Abu-Jamal.

Mumia Abu-Jamal es uno de los casos más conocidos a nivel internacional. Mumia era un activista que se relacionaba con los Black Panthers y el movimiento nacionalista negro. Era también periodista y tenía un programa de radio en Philadelphia en donde constantemente denunciaba la brutalidad policiaca. Mumia fue acusado de asesinar a un policía que intervino con él y su hermano William Cook.

En una declaración escrita, Cook contó lo que paso esa noche del 1981. El policía, Daniel Faulkner, intervino con él mientras estaba en su carro con un amigo que se llamaba Kenneth Freeman. Kenneth Freeman le disparó al policía, pero Mumia fue acusado por lo que representaba como activista en contra de la policía abusiva de Philadelphia. El año pasado, luego de décadas de lucha, se le rebajó la sentencia a Mumia a cadena perpetua sacándolo del corredor de la muerte. Aunque este logro es significativo para la vida de Mumia, en la practica solo demuestra la crueldad de un sistema que mantiene a un hombre inocente encarcelado porque le conviene y porque puede. Todavía centenares de grupos luchan por la liberación de Mumia.

En el caso de Troy Davis fue diferente, aunque nunca se le encontró prueba contundente de haber cometido un asesinato e incluso sí habían pruebas que culpaban a otro hombre de cometer el crimen, él sí fue ejecutado en el 2011 pero su juicio generó un debate a nivel internacional que provocó toda una serie de cuestionamientos sobre la justicia de la pena de muerte. Lo único que podía salvar a Troy, un hombre negro de 42 años, era que Barack Obama moviera un dedo y firmara una petición de clemencia que pidió la defensa de Davis. Entre rumores de si lo ejecutaban o no la ejecución se atrasó 4 horas, provocando en todos los que seguían la noticia, y en la familia de Davis, una falsa esperanza de que todavía el hombre se podía salvar. Luego de 4 horas Davis fue ejecutado. Pero su muerte le dio más fuerzas al movimiento en contra de la pena de muerte en Estados Unidos.

¡No a la pena de muerte!

En Puerto Rico no se abolió la pena de muerte porque así lo decidió el gobierno de aquel entonces. En el libro de Jacobo Córdova Chirino, Los que murieron en la horca, se documenta gran parte de los casos que enfrentaron la pena capital en la isla, pero también habla de las luchas. 8 de junio de 1912, miles protestaron en contra de la sentencia de muerte a Alberto Román, a quien se asesinó en la horca y nunca se le encontró prueba contundente de haber cometido un asesinato. El libro también describe cómo los carpinteros en Ponce se negaron a “construir el cadalso (tablado para ajusticiar a personas) y los comerciantes rehusaron vender la madera”.

Ante la ola criminal y los casos violentos suele ser la norma que los estados buscan reforzar con mano dura para combatir el crimen, pero esto ha probado ser una estrategia que ha fracasado. La pena de muerte no le favorece a nadie porque no cambia las condiciones de pobreza y desigualdad que muchas veces provocan los crímenes violentos que vemos a diario. La pena de muerte solo perjudica a los sectores mas marginados y pobres.

Para enfrentarnos a este nuevo intento de aplicar la pena de muerte en Puerto Rico hace falta plantear soluciones concretas para cambiar la situación de desigualdad que vivimos y las condiciones que fomentan que muchas personas busquen trabajos ilegales y peligrosos. Vivimos en un mundo lleno de violencia, guerras, competencia a toda costa guiada por el lucro individual de algunas personas o compañías, propaganda racista, homofobica, sexista que provoca el odio y por ende más violencia.

El gobierno nuevo del Partido Popular Democrático (PPD) tiene la misma retórica ante la criminalidad que el antiguo gobierno de Luis Fortuño, mano dura. Hay que exigir que se desista de implementar la pena de muerte en Puerto Rico por la vía federal. Mientras luchamos a la vez para cambiar las condiciones que provocan la violencia en primer lugar.

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