Socialismo Internacional

Periódico de la Organización Socialista Internacional

Sila Calderón: Migajas para aliviar la pobreza

Posted by Socialismo Internacional en mayo 9, 2013

Protesta comunidades especialesSerie: El PPD sin máscaras

– Artículo publicado originalmente como editorial en la edición #29 de Socialismo Internacional en mayo de 2002

“El Puerto Rico que queremos construir es uno en el cual miremos la pobreza de frente y hgamos de la lucha contra ella nuestro primer imperativo moral. Un Puerto Rico donde nadie viera la cara ante la forma en que viven muchos de nuestros hermanos. Donde el dolor de los que esperan, de los que no tienen, de los que sufren, de los que quedaron atrás, sea también nuestro dolor.” 

Eso fue lo que prometió la gobernadora Sila María Calderón en el llamado Proyecto Puertorriqueño para el Siglo 21, su plataforma en las pasadas elecciones.

Ahora, luego de más de un año en el poder, la obra de la gobernadora apunta a una continuidad de la pobreza que afecta al 58% de los puertorriqueños. Las cifras son alarmantes, miles de trabajadores que laboran a tiempo completo viven en la pobreza.

Un estudio reciente emitido por la Universidad de Cornell en Nueva York, encontró que miles de empleados públicos ganan salarios de pobreza. Según el estudio preparado por María Figueroa, el salario promedio de un trabajador público es de $17,900 lo que está tan solo $250 dólares por encima de la línea de pobreza para una familia de cuatro personas. En el Departamento de la Familia el salario básico es de$11,316 anuales, lo que está “muy por debajo” del nivel de pobreza para una familia de tres personas, que es $14,630.

En general, el poder adquisitivo de los trabajadores públicos, quienes representan el 20% de la fuerza laboral, ha descendido un 10% desde 1998 debido a la inflación. Esto quiere decir que una obrera que ganaba $15,500 en 1998, hoy con el mismo sueldo, tiene el poder adquisitivo de alguien que ganaba $14,000 en 1998.

Nuevos Impuestos

En su mensaje de presupuesto, Calderón anunció un aumento de cien dólares mensuales para todos los empleados públicos. Para poder costearlo, la gobernadora ha recomendado la creación de nuevos impuestos… porque según alega, “el gobierno no cuenta ahora con los ingresos recurrentes que necesita para pagar sus gastos corrientes.”

De esa manera, miles de trabajadores que están en proceso de negociación con el gobierno se ven presionados a aceptar un mísero aumento, que les llega no como el fruto de su lucha por una negociación colectiva, sino por vía legislativa, proceso que los trabajadores no pueden influenciar con la misma fuerza.

Así, la gobernadora justifica la creación de un nuevo impuesto regresivo a la vez que lo presenta como un bondadoso acto en su ‘lucha’ contra la pobreza. La verdad es que dada la reducción de los ingresos gubernamentales a causa de la pérdida de miles de empleos y el cierre de decenas de plantas manufactureras, los bonos de Puerto Rico están en peligro de ser degradados a menos que el gobierno encuentre nuevas fuentes de ingresos recurrentes. Esa es la motivación para crear los impuestos.

Según un artículo de Pablo J. Trinidad, reportero de negocios de El Nuevo Día:”…se corría el riesgo de que las casas evaluadoras de crédito Standard and Poor y Moodys Investor Service redujeran la clasificación crediticia del Gobierno de Puerto Rico…”

Existe también una propuesta para la sustitución del sistema de contribuciones sobre ingresos por una contribución por consumo, similar al sales tax de los Estados Unidos. l economista Fernando Zalacaín, quien apoya la contribución por consumo, ha tenido el descaro de referirse a la propuesta como un “elemento de justicia fiscal en el sentido de que todo el mundo pague a base del consumo y no a base del ingreso.”

Son regresivos

La propuesta de un impuesto por consumo, al igual que los nuevos impuestos sometidos por la gobernadora, son regresivos porque no se ajustan al ingreso, significan una proporción mayor del ingreso de los pobres mientras los ricos pagarían una proporción menor.

En otras palabras, le aumenta los impuestos a los pobres y se los reduce a los ricos. Se trata de una manera más de pasarle el costo de la crisis a la clase trabajadora.  

Sin embargo, la prensa comercial reporta que el gobierno está combatiendo la pobreza a través del Programa de Comunidades Especiales. En los diarios aparecen titulares como: “Esfuerzos para salir de la pobreza”, que refuerzan la buena imagen de la tarea gubernamental. Pero cuando analizamos el programa encontramos algo distinto.

Existen 686 comunidades denominadas “especiales.” La Oficina de Comunidades Especiales (OCE) tiene un presupuesto de $243 millones de los cuales $100 millones son fondos de FEMA para comunidades inndables. El gobierno de Puerto Rico aporta tan solo $143.3 millones de dólares para todas las demandas necesarias de estas comunidades lo que significa 209 mil dólares por comunidad. Una cantidad nominal que a lo sumo permite hacer una pequeña obra de infraestructura pero que no eleva el nivel de ingreso de los residentes de la comunidad. La propia directora de la OCE, Linda Colón lo admitió a la prensa: “Colón dijo que la meta de la OCE es completar al menos un proyecto de importancia en cada comunidad especial durante los próximos tres años.”

Programa Cosmético

El programa de Comunidades Especiales es un programa cosmético, una campaña de publicidad del gobierno que apenas afecta el nivel de vida de los residentes. El Nuevo Día describe así los logros del programa: “El alumbrado eléctrico y la pavimentación de las calles son los cambios más notables.” La verdad es que “alumbrado …y pavimentación,” por bienvenidos que puedan ser, no ponen comida en la mesa ni compran medicamentos. Se trata de un programa que está muy lejos de sacar a la gente de la pobreza.

Mortalidad Infantil

La pobreza es una realidad con consecuencias reales sobre las personas. Una de ellas es la mortalidad infantil cuya tasa en Puerto Rico es de 9.5%, es decir, 600 bebés mueren anualmente antes de cumplir un año. Esta es una tasa de mortalidad superior a las de otras islas del Caribe como Cuba, Aruba, Guadalupe y Martinica. Según explico a un diario capitalino Luz Teresa Amador, del Departamento de Salud (DS), la elevada tasa de mortalidad se debe a la pobreza.

“Entendemos que existen muchos factores de índole socioeconómico y uno de los más importantes es la pobreza: las dificultades que tienen las personas de bajos recursos en nuestra sociedad para garantizar la salud de la madre.”

La población más afectada la componen las mujeres menores de 18 años, que representan el 20% de todos los embarazos. Entre las adolescentes, el 71% son madres solteras y el 91% son pacientes de la reforma de salud. Lo peor de todo es que entre las adolescentes la mortalidad infantil es un 27% más alta que entre las mujeres adultas. ¿La razón? Según la oficial del DS: “limitaciones sociales y económicas.”

Crear vagos

Pero a pesar de las estadísticas y l terrible costo humano de la pobreza, un gran número de los legisladores de Puerto Rico no creen en la necesidad de aliviar el sufrimiento de los desposeídos. El “Informe sobre la encuesta legislativa 2001” preparado por los profesores Luis Cámara y Jorge Colón de la Universidad de Puerto Rico reveló la existencia generalizada de prejuicios clasistas entre los oficiales electos que regulan nuestras vidas. Cuando se le preguntó lo que pensaban de la pobreza el 42% de los legisladores contestó que: “El gobierno de Puerto Rico se ha dedicado a crear vagos a través de las múltiples ayudas económicas.” Un 2.9% piensa que a gente vive en este estado de pobreza porque es vaga y le faltan deseos de superación.” Solo el 29% de los legisladores opinaron que la pobreza se debía a que: “La sociedad ha tratado injustamente a estas personas.” El resto atribuye la pobreza al estatus político.

Los políticos y los ricos enfatizan la responsabilidad individual como causa de la pobreza, para librarse de la responsabilidad social que les corresponde. Con esa excusa están destruyendo gradualmente la red de beneficencia social. Siguiendo el ejemplo de Bill Clinton, el presidente Goerge W. Bush ahora propone que como condición para recibir las ayudas del programa Ayuda Temporera para Familias Necesitadas (TANF) se requiera que el 70% de los participantes tenga un trabajo de 40 horas a la semana.

Unas 24,350 familias reciben ayudas del TANF, de las cuales 95% son madres solteras con dos hijos. Ya en 1997 se impuso un limite de cinco años para recibir la ayuda, bajo la suposición de que eso era tiempo suficiente para encontrar un trabajo. Esos trabajos, claro está, son inexistentes y ahora 8,000 familias van a cumplir sus cinco años en junio de este año y quedarán desamparadas.

La gobernadora, Sila Calderón, al enterarse de la propuesta en Washington no demostró ninguna intensión de combatir la medida. Al contrario, inmediatamente se adaptó a ella diciendo: “A pesar de que nuestra tasa de desempleo es el doble que la de aquí (Estados unidos), hemos cumplido (con la ley anterior). No hay ninguna razón para no cumplir en el 2007.”

Salario Mínimo

La gobernadora se llena la boca hablando de su “lucha” contra la pobreza mientras la inflación supera los aumentos de sueldo reduciendo así el poder adquisitivo de una clase trabajadora sumida en la necesidad. Pero no se trata de mantener los niveles anteriores. Si la gobernadora de verdad quiere erradicar la pobreza que deje de lado las campañas publicitarias y aumento el salario mínimos.

Nosotros, los redactores de Socialismo Internacional, le proponemos que eleve el salario mínimo a $11 la hora por una semana laboral de 35 horas. Esa sí es una forma de eliminar la pobreza.

Estas ideas no son nuevas, pero son urgentemente necesarias. Ya en la mayoría de los países de la Unión Europea la jornada de 35 horas es una realidad que rápidamente se va esparciendo por el mundo como un importante reclamo de justicia laboral. Y en los Estados unidos durante las pasadas elecciones presidencial, Ralph Nader demandó prominentemente en su plataforma que se duplicara el salario mínimo.

En lugar de velar los intereses de la industria privada; de asegurarse que la AAA permanezca en manos privadas; de generar incentivos para favorecer a los empresarios; la gobernadoras debe prestar la ayuda que los pobres realmente necesitan, es decir, que provea de empleo a los miles de desempleados y establezca salarios decentes para l@s trabajador@s y que defienda los programas de asistencia social. Si se revierte la privatización, y el gobierno toma control de los servicios esenciales, esos millones que hoy se convierten en las ganancias de unos pocos privatizadores podrían utilizarse para crear empleos como el primer paso en una distribución más justa de las riquezas.

Claro, la supuesto “lucha” de la gobernadora es una gran hipocresía. Ella como empresaria no va a revertir la privatización o aumentar los sueldos a menos que se vea forzada por las luchas desde abajo. El momento requiere que comencemos a organizar esa lucha por empleos y un salario decente.

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